Barranquilla, 13 de junio de 2026.

• Agravamiento de la crisis financiera, operativa y administrativa de Air-e Intervenida es responsabilidad del gobierno nacional. 
• Con incumplimiento de pagos de Air-e Intervenida a generadoras, el gobierno pone al país en riesgo de apagón afectando a los usuarios.

La Veeduría Ciudadana a la Intervención de Air-e, conformada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico-Magdalena, expresa su preocupación por el anuncio irresponsable e imprudente hecho por el presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de Air-e Intervenida, por las siguientes consideraciones:

1. Anunciar la liquidación de Air-e sin contar con un operador de reemplazo, sin plan de pago a generadores y sin garantías de continuidad el gobierno nacional viola el artículo 365 de la Constitución y las leyes 142 y 143 de 1994, y desconoce que existen alternativas idóneas para asegurar la prestación del servicio público esencial y domiciliario, como la administración temporal, la capitalización o la transferencia condicionada.

2. Air-e se encuentra actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros mediante un proceso de toma de posesión que se adelanta de conformidad con la Ley 142 de 1994 y el Decreto 990 de 2002. Cualquier decisión sobre la liquidación de la compañía debe respetar las etapas y condiciones previstas en ese procedimiento.

3. En esta medida, no resulta procedente que el Gobierno nacional anuncie la fusión y/o liquidación de Air-e sin que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio hayan verificado el cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para adoptar esa decisión.

4. Trasladar la operación a GECELCA sin resolver previamente las deudas de Air-e con los generadores de energía agravaría la crisis actual, porque:

- Jurídicamente, cualquier proceso de fusión o integración empresarial debe respetar los límites a integraciones verticales, los derechos de los acreedores, y el cumplimiento de múltiples requisitos legales y regulatorios. Los acreedores cuentan con mecanismos para oponerse o controvertir operaciones que puedan afectar la satisfacción de sus créditos, lo que podría llevar a controversias y retrasos significativos.

- Operativa y logísticamente, una integración de esta magnitud requiere autorizaciones, trámites regulatorios, procesos corporativos, financieros y administrativos que normalmente toman años. Pretender ejecutar una operación de esta complejidad en las pocas semanas que restan al actual Gobierno Nacional resulta poco realista y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la prestación del servicio.

5. Antes de iniciar cualquier proceso de liquidación, el Gobierno Nacional tendría que garantizar la existencia de un operador idóneo que asuma la prestación del servicio para más de 1,3 millones de usuarios. Ese operador debe contar con experiencia comprobada, capacidad técnica, solidez financiera y la infraestructura necesaria para atender uno de los mercados eléctricos más importantes del país.

6. Una eventual transición exige el cumplimiento de múltiples requisitos regulatorios, financieros, contractuales y operativos, entre ellos la identificación y transferencia de activos, la cesión de contratos, la constitución de garantías, la aprobación de cargos regulatorios, la adecuación de plataformas tecnológicas y la implementación de todos los mecanismos requeridos para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios.

7. La liquidación de Air-e Intervenida sin una solución previa para las obligaciones acumuladas durante la administración del gobierno nacional, enviaría una señal profundamente negativa a los agentes del mercado. Actualmente existen deudas superiores a los $2,5 billones con generadores, transmisores y otros proveedores esenciales para la operación del sistema. El Gobierno Nacional no puede desconocer su responsabilidad en el pago de esas deudas ocasionadas durante la intervención, ni trasladarle esta incertidumbre al sector eléctrico.

8. Más preocupante aún es que este anuncio se produzca en medio de los crecientes desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad energética. La incertidumbre ocasionada por este tipo de mensajes afecta la confianza de inversionistas, acreedores, entidades financieras y proveedores, exactamente cuando el sistema requiere estabilidad para afrontar el incremento de la demanda y las presiones asociadas al fenómeno de El Niño, que reducirá la capacidad de las hidroeléctricas para generar energía.

9. Las consecuencias de este ambiente de incertidumbre no son menores. Debilitar la confianza en la cadena de suministro eléctrico pone en riesgo las condiciones necesarias para garantizar el abastecimiento de energía y aumenta los riesgos que hoy enfrenta el sistema eléctrico nacional y que pueden conducir a un apagón en todo el país.

La Veeduría reitera que la prioridad debe ser proteger a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, asegurar la continuidad del servicio mediante el pago de las deudas acumuladas durante la intervención y avanzar en una solución técnica, jurídica y financieramente sostenible que preserve la estabilidad del sistema eléctrico y la confiabilidad del servicio en la región y el país.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a las autoridades competentes para actuar con responsabilidad institucional, rigor técnico y transparencia, evitando decisiones o anuncios que profundicen la incertidumbre y puedan comprometer la estabilidad del sistema eléctrico colombiano.

También solicitamos la intervención de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República para que actúen en esta situación con base en las facultades y responsabilidades que tienen.